Un tribunal federal concluye que no existe un derecho constitucional al agua limpia
Un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. ha dictaminado que los residentes de Jackson, Misisipi, no tienen un derecho constitucional al agua potable limpia ni a información veraz por parte de los funcionarios durante una crisis de salud pública, rechazando las reclamaciones basadas en la Decimocuarta Enmienda y la integridad corporal. Los comentaristas discrepan sobre si la Constitución debería interpretarse como garante de tales “derechos positivos”: algunos destacan el enfoque del texto en limitar el poder del gobierno, mientras que otros invocan el Preámbulo, la Novena Enmienda y la doctrina de la incorporación para defender protecciones más amplias. Muchos ven la decisión como un síntoma de problemas más profundos en la gobernanza y la interpretación jurídica de EE. UU., la contrastan con normas internacionales de derechos humanos y señalan que los residentes afectados quedan reducidos a reclamar por la vía civil o a buscar remedios políticos.
Alcance de la resolución
- Muchos señalan que el tribunal no dijo en general “no hay derecho al agua limpia”, sino que fracasaron las teorías específicas de la Decimocuarta Enmienda (integridad corporal, debido proceso, información veraz).
- La mayoría subrayó que no existe un derecho constitucional históricamente “profundamente arraigado” implicado por el agua municipal contaminada con plomo ni por las falsas garantías de los funcionarios.
- Las opiniones disidentes en el hilo sostienen que envenenar de forma intencional implica claramente “vida” y “libertad” bajo la Decimocuarta Enmienda y potencialmente derechos no enumerados bajo la Novena.
Recursos legales alternativos
- Varios comentarios destacan que los demandantes aún tienen vías: reclamaciones extracontractuales estatales, responsabilidad por negligencia, mala conducta, puesta en peligro temeraria, aplicación regulatoria y cambio electoral.
- Otros responden que las demandas extracontractuales son lentas, se ven obstaculizadas por la inmunidad calificada y terminan pagadas por los contribuyentes en lugar de por los funcionarios responsables, lo que reduce la disuasión.
Engaño gubernamental y “derecho a la verdad”
- La afirmación del tribunal de que no existe un derecho constitucional a información veraz en una crisis de salud pública es fuertemente criticada.
- Algunos argumentan que debería haber leyes explícitas o incluso una enmienda constitucional que obligue a los funcionarios a no engañar materialmente al público.
- Otros responden que las leyes existentes sobre mala conducta y abuso de funciones ya abarcan el engaño dañino, aunque no se formule como un derecho constitucional.
Derechos negativos vs. positivos
- El hilo contrasta repetidamente el enfoque estadounidense en los derechos negativos (límites al gobierno) con la ausencia de derechos positivos (por ejemplo, al agua, a la atención sanitaria).
- Algunos sostienen que la Constitución fue redactada intencionalmente de esa manera; otros dicen que la Novena Enmienda y el lenguaje del “bienestar general” deberían respaldar el reconocimiento de protecciones sustantivas no enumeradas.
- Debate sobre si el debido proceso puede exigir alguna vez servicios seguros una vez que el gobierno decide proporcionarlos.
Federalismo e incorporación
- Discusión sobre si la Decimocuarta vincula directamente a los municipios o solo a los estados; se contrarresta con citas que señalan que las entidades locales son “actores estatales” a efectos de igualdad de protección y del §1983.
- Hay acuerdo en que la Constitución constriñe a los gobiernos estatales y locales aunque no los haya creado.
Comparaciones, política y legitimidad
- Comparaciones con constituciones más recientes (por ejemplo, Sudáfrica, Eslovenia) que protegen explícitamente un derecho al agua.
- Preocupaciones de que la práctica de enmiendas en EE. UU. se ha estancado, empujando todo hacia la interpretación judicial.
- Algunos ven en la judicatura ideológica y partidista, y en el uso selectivo de las pruebas de “historia y tradición”, un factor que socava la legitimidad democrática y la confianza pública.